En audiencia de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, presidida por Cristóbal Colón Ruiz, el asesor de la Federación de Alcaldes, Lcdo. Carlos R. García, catalogó de loable la intención de la líder cameral, Jenniffer González Colón, suscrita por otros representantes de mayoría.  

      ?Será de gran beneficio para las personas que puedan tener acceso al servicio a proveerse?, abundó. 

      De hecho, el letrado recordó que los municipios tienen la responsabilidad de brindar a sus ciudadanos más y mejores servicios. 

      ?Con la aprobación de la legislación, se provee una herramienta adicional a los municipios para poder brindar un servicio tan necesario?, indicó García. 
 

      Reconoció también, que el P. de la C. 640, concede una facultad u autorización y no obliga, por lo que otorga flexibilidad a los ayuntamientos de implantar la propuesta, siempre y cuando tengan los recursos necesarios para ello. 

      ?De lo contrario, podría ser inefectiva por los recursos humanos y económicos que tendrían que disponer los municipios?, planteó el portavoz de la Federación de Alcaldes. 

      Por su parte, el asesor legal de ACUDEN, Lcdo. Juan C. Ovies, consignó el aval de la agencia a ?todo proyecto que promueva el bienestar de la familia y le brinde la oportunidad a los padres y madres de integrarse a la fuerza laboral?. 

      No obstante, Ovies recordó que ACUDEN administra y desarrolla los programas federales ?Head Start? y el ?Child Care Development  Grant Fund Act?, dirigidos al cuidado y desarrollo integral de niños y niñas, desde sus etapas formativas tempranas. 

      El asesor explicó que de las 21 agencias delegadas para Centros de ?Head Start?, 18 son municipios y que en el caso de los 106 proveedores de servicio para Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño ?Child Care?, 54 son ayuntamientos. 

      ?Ante esta situación, es preciso que al momento de aprobarse la ley, se tomen las medidas necesarias para evitar que no se creen estructuras paralelas a ACUDEN, lo que podría promover la duplicidad de servicios?, advirtió Ovies. 

      Entretanto, la Asociación de Alcaldes alegó que ?la aprobación de la legislación no hace falta, debido a que las facultades que se proponen están contenidas en la Ley de Municipios Autónomos?.  

      El director ejecutivo de esa entidad, Jaime L. García, dijo que los alcaldes tienen suficiente autonomía y autoridad para crear ese tipo de gestión. 

      Finalmente, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), alegó ?que el proyecto es tan amplio y pretende abarcar tantas necesidades, que impone una carga económica extraordinaria a los municipios?.  

      El portavoz de OCAM, Hernán Chico, sostuvo que habilitar un centro o varios centros, contratar al personal para ofrecer el servicio, el mantenimiento, los alimentos y los materiales, podrán convertirse en una tarea que exceda la capacidad fiscal del municipio.  
 
      La medida suscrita por los representantes Elizabeth Casado, Liza Fernández, Julissa Nolasco, Paula Rodríguez, Ángel Bulerín, José Chico, Pedro Cintrón, María Vega y Héctor Torres, plantea la necesidad de crear Centros de Cuidado Diurno para niños en los Municipios de Puerto Rico, para el beneficio de todos los residentes del mismo, aunque no sean empleados municipales.   

      La medida autoriza a los alcaldes a gestionar activamente la obtención de fondos privados para poder costear los gastos en que incurrirían al proveer un Centro de Cuidado Diurno para los residentes de su Municipio.   

      Además, faculta a los ayuntamientos a contratar y establecer consorcios con otros municipios y agencias de gobierno, así como contratar con entidades privadas que provean servicios similares para ofrecer a sus residentes los servicios de cuidado diurno.   

      Se establece que los centros serán administrados por las municipalidades que puedan conseguir los fondos necesarios.   

      Igualmente, se dispone que cuando se cree un Centro de Cuidado Diurno auspiciado por el Municipio al amparo de esta Ley, tendrá derecho a usarlo todo residente del mismo y las personas que, aunque no sean residentes de esa municipalidad, laboren o se encuentren en programas acreditados educativos o de adiestramiento dentro de la demarcación territorial de ese lugar.