SAN JUAN (CyberNews) – El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera no quiso confirmar el martes si Pablo Casellas está citado en el Tribunal de Bayamón para el miércoles para ser acusado por el asesinato de su esposa Carmen Paredes. En varias ocasiones, el funcionario refirió las preguntas de los periodistas sobre el caso al Departamento de Justicia.

“No voy a hacer ningún comentario. Cualquier pregunta, los refiero al Departamento de Justicia”, dijo Pesquera cuando se le pidió que confirmara si en efecto Casellas está citado para el miércoles.

Casellas está citado para el miércoles a las 10:00 de la mañana a la Sala de Investigaciones del Tribunal de Bayamón para alegadamente ser acusado por el asesinato de su esposa. Paredes fue asesinada el 14 de julio en su residencia en la urbanización Tierra Alta III de Guaynabo.

Sobre el proceso de notificación y cuestionantes de por qué Casellas no es arrestado, Pesquera explicó que según le han informado, hay una enmienda el procedimiento de Regla Seis, implantada por la pasada administración que dispone que cuando una persona es declarada sospechosa hay que notificarle con 48 horas sobre la citación para comparecer al Tribunal.

Pesquera fue enfático en que no se le atribuyeran las declaraciones sobre las enmiendas al procedimiento y aclaró que es la información que la han ofrecido.

De otra parte, el funcionario aseguró que no conoce al juez federal Salvador Casellas, padre del sospechoso, de quien se han levantado interrogantes por su presencia en el lugar de los hechos el día del crimen. Con esto, desmintió rumores de una supuesta reunión con el juez federal en el Cuartel General de Hato Rey.

En relación al supuesto caso de carjacking del que Casellas alega haber sido víctima, Pesquera detalló que las autoridades federales comparten información y casos, pero dijo desconocer datos sobre el mismo.

“Es al FBI que le corresponde hacer declaraciones. No es anormal discutir casos entre jurisdicción y jurisdicción. Es un caso de ellos. La Policía de Puerto Rico no está envuelta en ese caso”, sostuvo.

Según trascendió el martes, el negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) culminó una pesquisa y determinó que el supuesto carjacking del que Casellas alegó ser víctima, nunca ocurrió. En la jurisdicción estadounidense, mentir a un agente federal constituye un delito grave que merece una pena de hasta cinco años de cárcel.

Las declaraciones del líder policiaco se dieron en una conferencia de prensa en la que anunció la ocupación de 29 armas de fuego, en Gurabo el pasado mes de agosto.

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