El representante José “Quiquito” Meléndez radicó una resolución para que el gobernador Alejandro García Padilla presente una certificación de su Plan Anticrimen y los acuerdos con el Gobierno Federal de la demanda contra la Policía de Puerto Rico.

“La activación de la Guardia Nacional de manera aislada y la extensión del acuerdo de la pasada administración con la Fiscalía Federal para el procesamiento de crímenes violentos relacionados al narcotráfico, son las dos únicas medidas anunciadas por el gobernador Alejandro García Padilla para combatir la criminalidad. El gobernador tampoco ha divulgado cual será el curso de acción respecto a la demanda federal contra la Policía”, indicó el legislador novoprogresista.

Argumentó que “combatir el crimen y al mismo tiempo llevar a cabo una abarcadora reforma en la Policía de Puerto Rico requiere la planificación presupuestaria jamás realizada en la historia de la Uniformada. Por ello, estamos solicitando al gobernador Alejandro García Padilla que certifique y presente por escrito a la Cámara de Representantes su plan anticrimen y la planificación presupuestaria para llevar a cabo el mismo, incluyendo la fondos necesarios para la implantación de los acuerdos de la demanda del gobierno federal”.

Asimismo indicó que “cumplir con los acuerdos de la demanda del gobierno federal supone un complejo proceso de transformación en la Policía que no da espacio a la improvisación. La planificación presupuestaria, la identificación de las fuentes de financiamiento y asistir con la legislación necesaria para cumplir cabalmente con lo pactado requiere transparencia y apertura sobre este importante asunto”.

A tales efectos el legislador novoprogresista radicó la Resolución de la Cámara número 160 (R. de la C. 160) que ordena al gobernador Alejandro García Padilla, que certifique si en efecto existe un plan anticrimen debidamente constituido y entregar copia del mismo.

Asimismo, solicitó “que se presente un informe relativo al costo total y la fuente de financiamiento de los gastos inherentes a la activación de las tropas y equipos de la Guardia Nacional”.

De igual forma, requirió la entrega de un informe adicional que enumere las soluciones estipuladas, hasta el momento, sobre la demanda de violación por derechos civiles presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América contra la Policía de Puerto Rico, y los costos estimados para el cumplimiento de lo acordado y su correspondiente fuente de financiamiento.

El informe deberá proveer datos específicos sobre cuándo se pagará la totalidad de la deuda existente con los miembros de la Policía de Puerto Rico.

El legislador explicó a manera de ejemplo que “la Policía de Los Ángeles experimentó una situación similar a la de la Policía de Puerto Rico, una alta incidencia criminal y una demanda por violación a los derechos civiles. Salir de la sindicatura le costó a la ciudad aproximadamente 200 millones de dólares. Si consideramos que nuestra Policía tiene más miembros, debemos concluir que estamos ante un gran reto operacional y presupuestario. No podemos dar palos a ciegas. García Padilla tiene que poner a esta legislatura en posición de actuar de manera informada y mostrar total apertura en la discusión de estos asuntos”, concluyó diciendo Meléndez Ortiz.

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